martes, 9 de marzo de 2010

Espa~na y Chavez

El problema con Chávez y los Castro
Con un procedimiento judicial abierto, el asunto no se resolverá sólo con declaraciones políticas
El domingo, Zapatero se felicitaba de que el asunto de la supuesta cooperación del Gobierno venezolano con ETA hubiera servido para que Chávez emita "un pronunciamiento claro contra el terrorismo". En parecidos términos se pronunció el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, para quien el comunicado conjunto firmado por ambos Gobiernos el sábado "zanja cualquier polémica". Es posible que ese escrito anuncie un cambio de actitud de Caracas al respecto, pero eso sólo se sabrá a la luz de las medidas que tome para investigar las acusaciones vertidas en el auto del juez Velasco.
De momento lo que hay es una declaración del ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, en el que, lejos de mostrar su disposición a cooperar con el juez, le descalifica burdamente y aprovecha el viaje para arremeter contra el ex presidente Aznar en términos similares a los que provocaron el "por qué no te callas" del Rey a Chávez en la cumbre iberoamericana de noviembre de 2007 en Santiago. Dar por zanjado el asunto parece voluntarista: el Consejo General del Poder Judicial ha salido al paso de los insultos de Maduro contra el juez (le llama mafioso), y la oposición ha exigido una comparecencia parlamentaria de Zapatero para dar explicaciones sobre lo que considera actitud confusa, por un lado, y condescendiente con Chávez, por otra, del Gobierno.
El comunicado conjunto incluye un compromiso de colaboración judicial y policial (se supone que contra ETA), pero evita referirse al auto judicial. En su lugar lo hace a informaciones periodísticas, que es una forma de rebajar los indicios, de bastante peso, que contiene la resolución. El Gobierno español ha justificado esa mención diciendo que figura en una frase que sólo asume el Gobierno venezolano, y no ambos firmantes.
La primera reacción de Caracas fue decir que todo era fruto de una manipulación del ordenador del número dos de las FARC, Raúl Reyes, muerto hace dos años en un ataque del Ejército colombiano. Es cierto que la información de base del auto procede de las autoridades colombianas, pero ya en 2008 agentes de los servicios de información españoles viajaron a Bogotá para investigar los indicios, y poco después lo hizo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Fruto de su trabajo fue la apertura del sumario que ha dado lugar al auto ahora conocido.
No se trata, por tanto, de una mera especulación o de un show inspirado por Estados Unidos, como dijo Chávez, sino de un asunto grave, de naturaleza judicial, que no se va a disolver con declaraciones políticas o diplomáticas. El auto pide al Gobierno que realice gestiones para la extradición de los etarras y miembros de las FARC procesados, aunque será previa su detención, que deberá tramitarse a través de la Interpol. En 2002, Chávez (al margen de los procedimientos de extradición) ordenó la detención y entregó a España a dos etarras, Víctor Galarza y Sebastián Etxaniz, y de otro más en 2003.

Zapatero defiende relaciones de España con Venezuela y Cuba
MADRID -- El presidente español defendió el martes la coherencia de su política exterior hacia Cuba y Venezuela ante las críticas de la oposición conservadora, que acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de complacencia "con dos dictaduras" en un agrio debate en el Senado.
Zapatero no quiso entrar en el contenido del auto judicial - que ya se ha remitido para su análisis al gobierno de Hugo Chávez - en el que se acusa a Venezuela de de amparar una supuesta colaboración entre la organización vasca ETA y la guerrilla colombiana de las FARC.
Aunque el asunto todavía no está zanjado, los dos gobiernos negaron en comunicado conjunto cualquier relación de Venezuela con ETA.
Zapatero dijo que su gobierno siempre ha defendido a cualquier magistrado o autoridad española criticada desde Caracas por el contenido del auto y definió su política exterior en general como "coherente y de convicciones".
"Es la política (exterior) de los hechos y las realidades, la política que es útil", subrayó Zapatero ante las críticas del conservador Partido Popular. "No es la política de sacar pecho, ni de hacer retórica ni de hacer partidismo con la defensa de los derechos humanos".
Sobre Cuba, y en relación con la muerte de Orlando Zapata, el jefe del gobierno aseguró que España ha mantenido una actitud exigente en el tema de los derechos humanos, pero a la vez abierta al diálogo con La Habana. En su opinión, esta combinación ha permitido que un "número importante de personas en prisión puedan estar hoy en libertad", refiriéndose sin mencionarlo a algunos presos de la disidencia.
Zapatero precisó que trabaja a favor de los presos políticos, como en el caso del periodista cubano Guillermo Fariñas, quien realiza desde hace días una huelga de hambre.
Por su parte, el Partido Popular acusó a Zapatero de dar una imagen "acomplejada" ante "dos dictaduras como son Cuba y Venezuela".
En un discurso muy duro, el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, acusó a Chávez de haber suprimido las pensiones a casi 3.000 españoles residentes en Venezuela sin motivo y le pidió que convoque urgentemente al embajador venezolano en Madrid para que dé explicaciones sobre los indicios de colaboración con ETA y las FARC.
"Hugo Chávez es un párasito de la democracia, que la ha utilizado para llegar al poder y desde el poder liquidar la separación de poderes, puesto que controla el legislativo, el ejecutivo y el judicial", señaló García Escudero.
En cuanto a Cuba, afirmó que el desprecio constante de España a la disidencia y las alabanzas a los supuestos progresos del gobierno de Raúl Castro no ayudan a la "lucha democrática" en la isla.
"La prioridad debe ser el pueblo cubano, tiene que ser la defensa de sus derechos y que puedan recuperar sus libertades cuanto antes", añadió.
Zapatero tendrá que responder a otra pregunta de la oposición sobre las relaciones de España con Cuba y Venezuela en la habitual sesión de control al gobierno de los miércoles en la cámara baja.

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