Un absurdo sacrificioEn la noche del pasado lunes - precisamente doce años después de la toma de Patascoy-un comando armado de las Farc secuestró en su residencia al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar.
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
Tras la persecución de las Fuerzas Militares, los guerrilleros asesinaron canallamente al mandatario regional en un paraje rural। Este absurdo sacrificio merece la más drástica condena y ratifica los niveles de degradación en las filas subversivas।
El plagio y posterior muerte del político caqueteño es una acción que no tenía antecedentes recientes. Si bien en abril del 2002 las Farc privaron de la libertad al entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, quien falleció en un posterior intento de rescate en 2003, ambos casos no son comparables. Pero tal como ocurrió en aquella ocasión, en la presente y con su repudiable acción, que viola flagrantemente el derecho internacional humanitario y configura un crimen de guerra, la guerrilla intentó infructuosamente regresar a la agotada estrategia de secuestrar líderes políticos como arma de chantaje contra el Gobierno.
Este trágico secuestro- el quinto que sufría el político de 69 años- constituye una evidencia clara de la falta de congruencia y del descaro de la cúpula subversiva. No se explica de otra manera que al mismo tiempo que las Farc negocia con el Ejecutivo términos para las liberaciones unilaterales de dos de los múltiples uniformados secuestrados- Pablo Moncayo y Josué Calvo-, la subversión despliegue un operativo de plagio a un mandatario local en ejercicio.
Con razón hay quienes dicen que ésta es una cachetada de las Farc a quienes, desde la sociedad civil y la actividad política, creyeron en sus intenciones de terminar con el secuestro de civiles como herramienta de presión para exigir la liberación de sus mandos medios presos en las cárceles. La decisión del Gobierno de ordenar el rescate militar de todos los secuestrados es la respuesta obvia a la abortada ofensiva guerrillera e inevitablemente enrarece el ambiente para continuar el proceso de liberación de los uniformados. El escenario ideal sería que estos jóvenes que llevan años pudriéndose en la selva respiraran pronto el aire de la libertad y que la operación humanitaria prosiguiera de acuerdo a la petición de las familias.
Sin embargo, la realidad es que el brutal asesinato del gobernador Cuéllar tira por la borda el esfuerzo de varios meses y confirma que para la guerrilla los rehenes no son más que mercancía con la que juegan a su antojo . No hay que olvidar que las Farc son y seguirán siendo las únicas responsables por el bienestar, la libertad y la seguridad de los policías y soldados en su poder.
Por otra parte, el episodio muestra la capacidad terrorista de una guerrilla que está diezmada en su liderazgo, desmotivada en sus filas y desorientada en su cúpula. Subestimar la capacidad de las Farc de planear secuestros de altos funcionarios y golpes militares como los de los últimos meses es un craso error que la sociedad no puede darse el lujo de cometer. Por más que el equilibrio general de fuerzas siga beneficiando al Estado gracias a los resultados acumulados en siete años, este tipo de operativos de alto impacto están orientados a agrietar el respaldo social a la política de seguridad democrática.
Por ello el Gobierno necesita arrancar el 2010 con estrategias frescas y aprendizajes necesarios para reafirmar lo ganado y recuperar el ritmo. La discusión sobre los ajustes a la estrategia empleada ya sobrepasó el contrapunteo analítico de un experto contra otro o la insinuación oficial de intereses políticos. El desafío inmediato es impedir, con reacción rápida e inteligencia, el retorno de epidemias, como los secuestros a políticos, que el país creía superadas.
El plagio y posterior muerte del político caqueteño es una acción que no tenía antecedentes recientes. Si bien en abril del 2002 las Farc privaron de la libertad al entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, quien falleció en un posterior intento de rescate en 2003, ambos casos no son comparables. Pero tal como ocurrió en aquella ocasión, en la presente y con su repudiable acción, que viola flagrantemente el derecho internacional humanitario y configura un crimen de guerra, la guerrilla intentó infructuosamente regresar a la agotada estrategia de secuestrar líderes políticos como arma de chantaje contra el Gobierno.
Este trágico secuestro- el quinto que sufría el político de 69 años- constituye una evidencia clara de la falta de congruencia y del descaro de la cúpula subversiva. No se explica de otra manera que al mismo tiempo que las Farc negocia con el Ejecutivo términos para las liberaciones unilaterales de dos de los múltiples uniformados secuestrados- Pablo Moncayo y Josué Calvo-, la subversión despliegue un operativo de plagio a un mandatario local en ejercicio.
Con razón hay quienes dicen que ésta es una cachetada de las Farc a quienes, desde la sociedad civil y la actividad política, creyeron en sus intenciones de terminar con el secuestro de civiles como herramienta de presión para exigir la liberación de sus mandos medios presos en las cárceles. La decisión del Gobierno de ordenar el rescate militar de todos los secuestrados es la respuesta obvia a la abortada ofensiva guerrillera e inevitablemente enrarece el ambiente para continuar el proceso de liberación de los uniformados. El escenario ideal sería que estos jóvenes que llevan años pudriéndose en la selva respiraran pronto el aire de la libertad y que la operación humanitaria prosiguiera de acuerdo a la petición de las familias.
Sin embargo, la realidad es que el brutal asesinato del gobernador Cuéllar tira por la borda el esfuerzo de varios meses y confirma que para la guerrilla los rehenes no son más que mercancía con la que juegan a su antojo . No hay que olvidar que las Farc son y seguirán siendo las únicas responsables por el bienestar, la libertad y la seguridad de los policías y soldados en su poder.
Por otra parte, el episodio muestra la capacidad terrorista de una guerrilla que está diezmada en su liderazgo, desmotivada en sus filas y desorientada en su cúpula. Subestimar la capacidad de las Farc de planear secuestros de altos funcionarios y golpes militares como los de los últimos meses es un craso error que la sociedad no puede darse el lujo de cometer. Por más que el equilibrio general de fuerzas siga beneficiando al Estado gracias a los resultados acumulados en siete años, este tipo de operativos de alto impacto están orientados a agrietar el respaldo social a la política de seguridad democrática.
Por ello el Gobierno necesita arrancar el 2010 con estrategias frescas y aprendizajes necesarios para reafirmar lo ganado y recuperar el ritmo. La discusión sobre los ajustes a la estrategia empleada ya sobrepasó el contrapunteo analítico de un experto contra otro o la insinuación oficial de intereses políticos. El desafío inmediato es impedir, con reacción rápida e inteligencia, el retorno de epidemias, como los secuestros a políticos, que el país creía superadas.
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