MAS ESCANDALOS DE LOS KIRSHNERS

Escándalo salpica a
presidenta argentina
PREPOTENCIA A CUCHARADAS FORZADAS

Otro escándalo que involucra la venta de medicamentos falsos y el tráfico de drogas ha salpicado a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
La investigación que lleva a cabo el juez federal Norberto Oyarbide encontró lazos entre la llamada "mafia de los medicamentos" y la campaña que llevó a Fernández a la presidencia en 2007.
La causa que instruye el magistrado investiga la venta de remedios contra el cáncer y el SIDA que fueron adulterados, vencidos o robados. El principal imputado en el caso habría aportado cerca de un cuarto de millón de dólares a la carrera presidencial de la mandataria.
Eso se desprende de las evidencias halladas por Oyarbide durante un allanamiento de las oficinas del primordial sospechoso, el empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier.
Según reveló el juez a la prensa, durante el registro halló "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial".
Fuentes judiciales detallaron que se trataría de copias de cheques por valor de cerca de US$250.000 entregadas por Lorenzo a colaboradores del partido oficialista, Frente para la Victoria.
Efedrina
Según la Justicia, éste no sería el único vínculo entre la venta ilegal de drogas y la campaña presidencial de Fernández: otro empresario farmacéutico investigado por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes también habría financiado la candidatura de la mandataria.
Se trata de Sebastián Forza, una de las víctimas de un triple homicidio ocurrido en agosto de 2008, quien según las autoridades estaba relacionado con la venta ilegal de efedrina, un precursor químico utilizado en la fabricación de drogas sintéticas.
La jueza María Servini de Cubría investiga los aportes que Forza habría realizado a la campaña de la presidenta, estimados en más de US$50.000.
Su par Oyarbide informó que le envió a la magistrada -que lleva la causa por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la candidatura de Fernández- las evidencias que vinculan a Lorenzo con Héctor Capaccioli, ex superintendente del Servicio de Salud y recaudador de la campaña presidencial.
La Justicia argentina también investiga los vínculos comerciales entre Lorenzo y Forza, y los posibles lazos entre la llamada "ruta de la efedrina" y la venta de medicamentos falsos.
Fuentes judiciales informaron este miércoles que el fiscal que investiga el triple homicidio citará a Lorenzo para que declare en la causa, en la que aún no hay imputados.
Obras sociales
Este miércoles el juez Oyarbide ordenó una serie de allanamientos en los que halló un alto número de medicamentos vencidos.
El magistrado ordenó la detención de un empresario farmacéutico en uno de los depósitos registrados.
De acuerdo con su investigación, los medicamentos falsificados se han suministrado a los pacientes a través de las obras sociales de algunos sindicatos, entre ellos el de los empleados bancarios y el del Ministerio de Economía, que están bajo investigación.
La defraudación al Estado alcanzaría los US$155 millones.
La investigación de la "mafia de los medicamentos" causó el despido de un alto funcionario del Ministerio de Salud de Buenos Aires, que según Oyarbide estaría implicado en la causa.
Tras anunciar el alejamiento del subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, el jefe de la cartera bonaerense, Claudio Zin, causó controversia al afirmar que “es muy posible que el 10% de los medicamentos que circulan en el país sea falsificado”.
Por su parte el ministro de Salud nacional, Juan Manzur, consideró "aberrante y criminal" la adulteración de medicamentos, y sostuvo que se pondrá a disposición de la Justicia para ayudar a identificar "si hay gente vinculada al ambiente de la política" involucrada en los hechos delictivos.
Hasta el momento, el gobierno no ha realizado declaraciones respecto a los presuntos vínculos entre la “mafia de los medicamentos” y la campaña presidencial.
Lavado de dinero
Una de las principales denunciantes de los vínculos entre grupos delictivos y las obras sociales de los sindicatos es la ex ministra de Salud de la nación, Graciela Ocaña.
La ex funcionaria dejó sus funciones el 29 de junio pasado, el día después de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas.
Según los analistas, su alejamiento habría estado vinculado a su fuerte confrontación con los gremialistas relacionados con la cartera sanitaria.
El martes la ex ministra se presentó ante el juez Oyarbide para ampliar sus denuncias.
Según dijo, el tráfico ilegal de remedios estaría vinculado a un operativo aún más grande: una enorme red de lavado de dinero.
Tras el encuentro, Oyarbide afirmó que ampliará su indagatoria y anticipó que investigará a Lorenzo por lavado de dinero, además de extender sus pesquisas a otras obras sociales bajo sospecha.
El escándalo por la "mafia de los medicamentos" se sumó a una serie de acusaciones vertidas en la prensa contra el gobierno de Fernández, que mantiene un enfrentamiento con los principales grupos mediáticos del país

Millonarios bajo el ala de los Kirchner
La oposición argentina denuncia a los 'Empresarios K' por asociación ilícita con el matrimonio presidencial - Casinos y obras, las concesiones más opacas

Gobiernos de todo el mundo han promovido a empresarios amigos. Desde el de George W. Bush hasta algunos europeos, y desde el de Hugo Chávez con sus boliburgueses hasta el de los Kirchner con los llamados empresarios K. En la Argentina de la década pasada, con el Gobierno de Carlos Menem y sus privatizaciones, se consolidaron empresarios argentinos, así como grupos españoles, italianos y franceses. En estos últimos seis años, con los Gobiernos de los Kirchner y las contrataciones públicas, creció lo que ellos llamaron "burguesía nacional".

Uno de los nuevos magnates logró que Repsol le vendiera el 15% de YPF
"Hay empresarios pequeños o gente que no era empresaria, como el ex chófer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Ígor, que a partir de relaciones con el ex presidente han pasado a la altura de empresarios grandes", relata el diputado Fernández Sánchez, de la Coalición Cívica (CC, integrante del Acuerdo Cívico y Social, la segunda fuerza política, detrás del peronismo). "Hay otras empresas medianas como Electroingeniería, que ha pasado a ser la constructora más importante de infraestructura energética de Argentina y ha comprado Radio del Plata y Transener (la mayor transportadora eléctrica)", distingue el legislador de la CC, fuerza que ha denunciado ante la Justicia a cinco empresarios K por presunta asociación ilícita con Kirchner y su sucesora, Cristina Fernández. El Gobierno argentino no ha respondido a las consultas de EL PAÍS al respecto.
Los cinco denunciados son Ulloa, Lázaro Báez, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y Juan Carlos Relats. Según la denuncia de Elisa Carrió y otros 11 dirigentes de la CC, Ulloa comenzó como chico de los recados en el bufete de abogados de Kirchner, luego pasó a recaudar fondos para la campaña presidencial de 2003 y ahora es propietario de medios santacruceños que reciben una "importante" cantidad de publicidad gubernamental. En una entrevista con el diario Clarín, Ulloa aclaró que no es "millonario".
Báez, de acuerdo con la CC, pasó de conserje del antes estatal Banco de Santa Cruz hasta subgerente general en los años noventa, cuando Kirchner, entonces gobernador provincial, lo privatizó. El banco se vendió sin su deuda de 170 millones de dólares, que recayó en el Estado santacruceño, al empresario Enrique Eskenazi, que el año pasado le compró a Repsol el 15% de YPF. En 2003, Báez creó Austral Construcciones, que cuenta, según la oposición, con otras cinco constructoras y fue uno de los grupos más beneficiados por la obra pública del Gobierno de Kirchner (2003- 2007). Báez también accedió a concesiones de campos petroleros. Además, se asoció con Kirchner para construir apartamentos en Río Gallegos. EL PAÍS llamó a la oficina de Austral, pero allí una telefonista respondió que no sabía quién era Báez.
López había comenzado a ser "millonario" antes de toparse con Kirchner, según su portavoz. Pero en su Gobierno logró concesiones petroleras, compró a Cirsa el 50% del casino de Buenos Aires y consiguió que el Estado le extendiera en 2007 la concesión de las tragaperras del hipódromo porteño hasta 2032. Al igual que Báez, López está acusado de comprarle a la provincia de Santa Cruz tierras a bajos precios para después revenderlas a valor de mercado.
Ferreyra y Relats fueron denunciados por acaparar obra pública mediante tráfico de influencias. Ambos fueron acusados además de beneficiarse de una prórroga de concesiones de caminos, pese a incumplimientos contractuales. A diferencia de otros empresarios K, Ferreyra puede decir que Electroingeniería, con más de 20 años de antigüedad -según destacan sus allegados-, ya figuraba en 2003 en el puesto 484º de las empresas argentinas, según la revista Mercado, y en 2008 cayó al 528º.
Una de las concesionarias viales de Relats es acreedora de los Kirchner y otra empresa suya les alquila desde 2007 un hotel en la ciudad santacruceña de El Calafate (vecina al glaciar Perito Moreno). Un portavoz alegó que Relats ha ganado más concesiones de obras con otros gobiernos y que lleva 40 años con inversiones en ese sector, en tierras, petróleo y hoteles.
Otros empresarios no denunciados por la CC a veces son calificados de "K" por la prensa argentina por sus negocios en la energía, los aeropuertos, la construcción y el transporte público. En la denuncia de la CC aparece mencionado, pero no acusado, Eskenazi. Su Banco de Santa Cruz le ha prestado 1,5 millones a los Kirchner. Su portavoz rechaza que se lo compare con Ulloa o Báez. Eskenazi compró en 1980 la nonagenaria y reconocida constructora Petersen. En 2003, contaba con dos bancos provinciales (ubicados en los puestos 36º y 39º en el ranking por activos del Banco Central argentino) y ahora totaliza cuatro (el 14º, 20º, 23º y 35º). Pero su gran salto ha sido entrar en YPF, el segundo grupo argentino. "Para ello su relación con los Kirchner fue fundamental", observa el diputado Sánchez.