Chavez ahoga la empresa privada.

Chávez asfixia al sector privado

El presidente Hugo Chávez durante el lanzamiento de la nueva red estatal Abastos Bicentenario, instalada en los 35 locales de la cadena Cada, de capitales franceses y colombianos, expropiada por su Gobierno a principios de este año.
EFE/Prensa Miraflores
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Por ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
En lo que expertos creen que agudizará la escasez de productos en Venezuela, el gobierno arreció su asfixiante cerco sobre el empresariado, avanzando con una campaña de estatización de la economía que ahora contempla una nueva ola de expropiaciones.
La ofensiva gubernamental, enmarcada en la radicalización de la revolución ya anunciada por el presidente Hugo Chávez, involucra en la actual fase la expropiación de algunos de los engranajes principales en la cadena de producción de alimentos y de cientos de miles de hectáreas en posesión de los agricultores.
Chávez argumenta que las expropiaciones --calificadas de confiscaciones ilegales por los empresarios-- son necesarias para combatir la pobreza, cuya causa él atribuye a la avaricia de una burguesía que emplea su control de los medios de producción para explotar al grueso de la población.
Pero analistas y empresarios consultados por El Nuevo Herald dijeron que el gradual desmantelamiento del aparato productivo sólo conducirá a una mayor miseria y acusaron a Chávez de tratar de arremeter contra el empresariado sólo por consideraciones políticas, ya que el gradual desmantelamiento del aparato productivo del país no tiene ningún sentido económico.
"El gobierno está asfixiando al sector privado'', dijo Felipe Benítez, coordinador general del Observatorio del Derecho a la Propiedad. "Es una asfixia, para poder controlarlos desde el punto de vista político porque el planteamiento [de la Revolución Bolivariana] es hegemónico y no admite la existencia de otros poderes con el potencial de amenazarle o de hacerle contrapeso''.
Según cifras del Observatorio del Derecho a la Propiedad, Venezuela ha registrado 1,237 casos de confiscaciones de activos -- apropiaciones no compensadas -- desde que el gobierno comenzó a asumir su condición de socialista en el 2005.
Lamentablemente para el empresariado, esto podría ser apenas el comienzo, en momentos en que el gobierno se posiciona para transferir a manos del Estado el control de la producción de alimentos del país.
"Estamos liberando las tierras, y los factores de producción'', dijo Chávez recientemente en su programa de televisión, Aló Presidente. "Si no liberamos los factores de producción, no tendremos hombres libres''.
Después de conocerse los resultados de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, en que la oposición salió fortalecida tras obtener el 52 por ciento de los votos, Chávez dijo que acelerará una lista de expropiaciones de empresas y de terrenos de producción agrícolas.
La primera expropiación anunciada involucró a Agroisleña -- distribuidora de fertilizantes, pesticidas y otros productos agroquímicos -- considerada como un importante eje en la cadena de producción de alimentos porque financia más del 60 por ciento de los productores agrícolas del país.
Chávez también anunció que su gobierno adelanta una ofensiva contra el latifundismo en el país y que "recuperará'' en octubre 240,000 hectáreas actualmente en manos de la ‘‘burguesía'' y el doble de ese total en noviembre.
Unos días después Chávez anunció el proyecto de ley para acelerar el rescate de tierras urbanas e intervenir construcciones que estén paralizadas y las adquisiciones forzosas del fabricante de fertilizantes Fertinitro, de capital ítalo-estadounidense, y Venoco, uno de los mayores fabricantes de lubricantes en Venezuela. Venoco pertenece a Franklin Durán, uno de los empresarios arrestados en Estados Unidos por su vinculación con el caso de un maletín con casi un millón de dólares que trataron de introducir en Argentina.
Y el ministro para la Alimentación, Carlos Osorio, dijo que el gobierno tiene en la mira las operaciones en Venezuela de la estadounidense Cargill y la venezolana Industrias Polar, una de los mayores agrupaciones empresariales del país, considerando que deben ser estatizadas para garantizar la seguridad alimentaria.
"Empresas como Polar y Cargill, como ha pasado con Agroisleña, deben estar en manos del Estado [. . .]. Los oligopolios no garantizan la seguridad alimentaria en el país y el gobierno bolivariano lleva 11 años luchando en ese tema'', dijo Osorio, en declaraciones divulgadas por la prensa local.
Noel Alvarez, presidente de la Federación de Cámaras Empresariales (FEDECAMARAS), dijo que el riesgo de las expropiaciones, aunado a una larga de lista de medidas adoptadas por el gobierno para controlar la actividad privada, ha creado un ambiente muy hostil para el empresario.
"Estamos bajo un estado de sitio permanente, donde uno abre todos los días las puertas, y es un héroe para mantenerse abierto'', dijo Alvarez. "Requiere valentía y ganas de querer al país para seguir operando en Venezuela, pero la mayoría hemos decidido quedarnos porque sentimos que el país es tan nuestro como es de ellos''.
Sin embargo, gran parte del empresariado no está pensando en ampliar sus operaciones y mantiene sus inversiones al mínimo necesario para seguir operando, dijo Alvarez, quien preside la mayor agrupación empresarial venezolana.
Esta decisión es el producto de una larga lista de restricciones y políticas de acoso, que además del riesgo de las expropiaciones ha convertido al país en uno de los de mayor riesgo para el sector privado.
En particular, los empresarios se quejan del régimen cambiario operante en Venezuela, el cual estimula la importación de ciertos productos terminados, a través de una tasa de cambio preferencial, y castiga la producción nacional al someter la importación de insumos a una tasa de cambio dos o tres veces más alta.
Según los expertos, el empresariado encuentra muy difícil competir bajo esas condiciones.
Pero el empresario también debe lidiar con políticas de control de precios impuestos sobre ciertos rubros que están por debajo de los costos de producción, situación que deja a muchas compañías debatiéndose entre dejar de producir y correr el riesgo de ser sancionadas por ser improductivas, o vender los productos a pérdida.
Una de las más temidas armas empleadas por el gobierno contra los empresarios reside en el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), organismo que los empresarios dicen que se ha convertido en una herramienta de represalias.
"Los fiscalizadores, cuando le van a revisar a uno la factura, hacen uso de cualquier argumento para cerrarte el negocio'', dijo Alvarez. "Puede tratarse de una coma, o de un número que no corresponda con la cédula de identidad de una persona, pero si se comete cualquier error minúsculo en la declaración, es suficiente para que te cierren la tienda''.
Luego está el organismo de defensa al consumidor, INDEPABIS, encargado de verifica la calidad y los precios de los bienes, el cual tiene la facultad de cerrar o asumir indefinidamente el control de los negocios si consideran que algún producto es vendido a un precio superior de lo que debería ser.
"Estas disposiciones lo que hacen es estrangular cada día más al sector privado'', dijo Alvarez. "En un ambiente como este es muy difícil desarrollar un negocio, es muy difícil crecer, e incluso es muy difícil tan sólo seguir operando''.
El INDEPABIS, ha jugado un importante papel en las "confiscaciones arbitrarias'' de algunas empresas, lo cual ha llevado a FEDECAMARAS a introducir varias demandas contra el organismo.
Los empresarios y los dirigentes políticos de la oposición, sin embargo, no tienen grandes esperanzas de recibir un pronunciamiento a su favor de parte de las cortes, ante la percepción de que la justicia venezolana está bajo el absoluto control del gobierno.
Henry Ramos Allup, secretario general del opositor Acción Democrática, dijo que es muy poco lo que los empresarios pueden hacer para luchar contra las expropiaciones en Venezuela, más allá de denunciar que son ilegales y que las propiedades confiscadas están siendo repartidas entre los allegados del gobierno.
"Este es un régimen de ladrones que confisca en nombre de la utilidad pública, pero luego termina quedándose con todo'', aseveró Ramos. "Se quedaron con los bancos, se quedaron con las compañías de seguro y se van a quedar en definitiva con los terrenos que están confiscando''.
El ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Diego Arria, señaló que muchas de estas medidas aplicadas contra el empresariado buscan, además de beneficiar a los allegados del gobierno, aumentar la dependencia de la población respecto al Estado, y de esta manera darle al gobierno una herramienta adicional de control para socavar cualquier intento de disidencia.
El gobierno siente una gran antipatía hacia el empresario y hacia el empleado del sector privado, ya que estos disfrutan de una gran independencia derivada de sus propios trabajos. El objetivo del gobierno es dar al traste con esa fuente de poder.
"El [Chávez] los quiere atar porque una vez que estás en el sector público es más fácil presionarte, y sancionarte si no votas por mí'', explicó Arria.
Según Arria, esto no es más que la reproducción del modelo cubano que ahora el gobierno pretende aplicar con una mayor velocidad.
"Están en la fase de control total y quieren apoderarse del sistema de distribución de alimentos. Después de eso, van a ir por el resto de los bancos y de los medios de comunicación que aún no controlan'', advirtió Arria.
Según los expertos, el efecto inmediato de las confiscaciones y de las medidas de restricciones al empresariado han mermado severamente la capacidad productiva del país, resultado que puede verse fácilmente en el fuerte incremento que han registrado en los últimos años las importaciones de productos en renglones en que Venezuela era previamente autosuficiente.
En el sector ganadero, por ejemplo, la importación de carnes era virtualmente nula entre 1996 y el 2002, pero luego se disparó hasta alcanzar las 374,000 toneladas en el 2009, después de que la producción nacional descendiera en el mismo período de 450,000 a poco más de 200,000 toneladas, según cifras del Observatorio del Derecho a la Propiedad.
Algo muy similar está produciéndose en el sector lácteo. La producción de leche de la finca de Arria, la cual fue expropiada recientemente, se encuentra por debajo de la mitad de los 1,500 litros diarios que producía previamente, dijo éste.
Pero las confiscaciones contribuyen a disminuir la producción incluso dentro de las empresas que no han sido confiscadas, ya que el temor de que esto suceda está llevando a sus dueños a no querer invertir más en sus negocios.
Benítez, del Observatorio del Derecho a la Propiedad, dijo que esto puede verse en la evolución de la producción de alimentos vegetales entre el 2003 y el 2008, la cual apenas aumentó en 18 por ciento pese a que el incremento de la demanda por estos productos fue de cinco veces este total.
"Hace unos años, si la demanda aumentaba, la producción también lo hacía hasta satisfacer toda la capacidad ociosa de las empresas. Algo de eso puede todavía estar ocurriendo, pero que se estén produciendo nuevas inversiones, nuevas inyecciones de capital para aumentar la capacidad de producción de las empresas, eso no es lo que dicen las cifras'', señaló el experto.
Benítez añadió que el deterioro del clima de confianza en el sector privado está agravando algunos de las principales problemas económicos por el que atraviesa el país, principalmente una mayor inflación, un mayor desempleo y la prolongación de la recesión económica.
"Lo que pareciera entenderse es que la palanca del gasto público, a partir del ingreso fiscal petrolero, no es suficiente para reanimar la economía'', dijo Benítez. ‘‘La variable de la confianza es importantísima, y si no se respeta la propiedad privada sencillamente nuestra economía seguirá siendo un sistema que no termina de colapsar gracias a la renta petrolera''. Read more: http://www.elnuevoherald.com/2010/10/18/v-fullstory/821587/expropia.html#ixzz12iJvWYJB